SAN PEDRO DEL PINATAR/ El fiscal Anticorrupción es partidario de que la ley obligue a dejar sus cargos a los políticos imputados

Díaz Manzanera no descarta emprender acciones legales contra aquellos que han puesto en duda la imparcialidad de sus actuaciones
ALEXIA SALAS/La Verdad
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, afirmó ayer que «se debería modificar la ley para que los cargos electos, como alcaldes y concejales, investigados o imputados en procesos judiciales sean suspendidos» de su responsabilidad.

Díaz Manzanera calificó de «vacío legal» en la legislación vigente el hecho de que se permita a los cargos electos imputados permanecer en su función pública. Con esta medida, al menos una docena de alcaldes de la Región, y varios concejales de distintos ayuntamientos, que son objeto actualmente de investigaciones judiciales, tendrían que abandonar sus funciones. Hasta ahora el abandono de la responsabilidad de gobierno depende del criterio personal del político electo y de las directrices marcadas por su partido.

Un «vacío legal»

Una muestra de lo que el fiscal considera un «vacío legal» en materia de delitos cometidos por los funcionarios públicos y cargos electos, son las manifestaciones del alcalde de Totana, Martínez Andreo, quien aseguró que para tomar la decisión de dimitir «primero miraré al pueblo a los ojos».

No bastaría con esto de modificarse la ley en el sentido que propone el fiscal Díaz Manzanera. «Creo por supuesto que los alcaldes y concejales imputados no deben seguir en sus cargos, y menos en los casos en que han pasado a prisión», respondió ayer el fiscal tras su ponencia en las Jornadas de Derecho Penal y Práctica Policial organizadas por la Policía local de San Pedro del Pinatar.

Díaz Manzanera negó que se sienta acosado por las acusaciones de parcialidad en las últimas intervenciones judiciales en ayuntamientos de la Región. «Independencia ante todo», respondió el fiscal, aunque añadió que «eso no impide que en su momento tome medidas contra ciertas manifestaciones e insultos» contra él por políticos del PP, extraídas de conversaciones telefónicas que pertenecen al sumario del caso de presunta corrupción urbanística en Torre Pacheco y Fuente Álamo.

Calificó como «sorprendente» la publicación de parte de las escuchas telefónicas de dicho sumario y anunció que «ya se han incoado diligencias penales ante esto». Sobre los numerosos casos de presunta corrupción urbanística que han obligado a abrir investigaciones en la Región, afirmó que «tengo la sensación de que se está investigando y esto da confianza».

Aseguró además que «en los casos abiertos sobre los ayuntamientos que tienen alcaldes y concejales imputados estamos actuando con una celeridad extraordinaria en una labor conjunta con las jueces de San Javier». Reconoció que las intervenciones judiciales en ayuntamientos tienen una repercusión social que necesita decisiones judiciales cuanto antes.

En su ponencia, recordó a los funcionarios públicos que «la mera solicitud del funcionario al particular, aunque no llegue a recibir nada es un delito». El fiscal no quiso hablar sobre nuevas investigaciones en ayuntamientos de la Región.