Cada día hay nuevos casos de ladrillazo, y ningún color ni formación política se salva del urbanismo desaforado, las recalifcaciones dudosas o las sombras en contratos y adjudicaciones.
A continuación, una lista por comunidades autónomas y provincias de los ayuntamientos que son sospechosos de participar del ya famoso ladrillazo.
Por comunidades autónomas:
Andalucía,
Aragón,
Canarias,
Cantabria,
Castilla la Mancha,
Castilla y León,
Comunidad Valenciana,
Galicia,
La Rioja,
Madrid,
Murcia,
Navarra.
ANDALUCÍA
Almería
Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.
Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable.
Las irregularidades comenzaron hace ocho años, cuando fueron denunciados tanto por el Seprona como por los técnicos de la Consejería de Obras Públicas. En 2003, la Junta inició 11 expedientes para revisar las licencias concedidas por el Ayuntamiento.
La Fiscalía de Medio Ambiente solicitó al Juzgado de Huércal Overa que los concejales que gobiernan en el Ayuntamiento de Zurgena; 5 del PA, 4 del PSOE y uno del PP, presten declaración en calidad de imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.
Roquetas: El alcalde de Roquetas del Mar y presidente del PP en Almería, Gabriel Amar, recalificó en 1997 como urbanizable un terreno propiedad de una empresa participada por su esposa, un cuñado y dos socios suyos. La venta posterior de los terrenos reportó unos beneficios a esa sociedad de más de dos millones de euros.
Cádiz
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.
Córdoba
Córdoba: Ecologistas en Acción denunció la construcción de dos urbanizaciones en la llamada Carrera del Caballo a cargo de la empresa constructora Arenal 2000. Las edificaciones se llevaron por delante 100 encinas, pero una sentencia judicial obliga al empresario Rafael Gómeza reponerlas.
Gómez, imputado también en el caso Malaya, ha sido denunciado por los Verdes al construir sin licencia varias naves industriales en las proximidades del complejo de Medina Azahara. El Ayuntamiento (IU) ha interpuesto una multa de 30 millones de euros, pero la administración autonómica ha recurrido el acuerdo del pleno municipal y ha llevado el caso a los tribunales.
Además, en el complejo de Medina Azahara, se han edificado 300 viviendas en parcelas ilegales. IU y PP han optado por proponer un plan de saneamiento (agua, alcantarillado), pero la Junta de Andalucía pretende exige la demolición de seis edificios especialmente polémicos.
En los Baños de Popea, una decisión judicial obliga a un promotor a reponer un encinar talado para construir 223 chalés de lujo.
Granada
Alhendín: El concejal de urbanismo, del Partido Popular,
ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.
Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional)
está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral.
Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto
delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
El actual alcalde, el independiente Juan Carlos Benavides, está acusado por la Junta de Andalucía de Delito Urbanístico.
Granada: El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes disciplinarios contra construcciones en La Vega. Ambas se realizan sobre suelo no urbanizable.
Huelva
El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.
Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.
Jaén
Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.
Málaga
Benalmádena: El alcalde de independiente de esta localidad, Enrique Bolín, está acusado por dar licencias ilegales.
Cuevas del Becerro: los ciudadanos se hicieron escuchar yendo a la huelga para protestar contra un macroproyecto urbanístico ubicado en el encinar "mejor conservado de la provincia" y perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.
Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenid que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas.
Marbella: Hasta
40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Operación Malaya.
Manilva: La Policía detuvo el año pasado al entonces alcalde, Pedro Tirado (independiente), y a su cuñado, Francisco Calle, por presunta
corrupción urbanística ligada a operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el narcotráfico. El precio de un terreno de 1,3 millones de metros cuadrados pasó de 12 millones de euros a 160 tras una recalificación.
Tolox: La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga interpueso en mayo
una denuncia contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Partido Andalucista), que ahora ha ampliado. Varias promociones urbanísticas aprobadas por el alcalde podrían estar en suelo no urbanizable. La primera denuncia hacía referencia a 15 promociones (unas 2.000 viviendas), y la segunda amplía la denuncia a otras 9 presuntamente irregulares, por tener licencia de obra "concedida por el alcalde" en suelo no urbanizable.
Sevilla
Castilblanco de los Arroyos: La Fiscalía ha admitido a trámite la querella contra el Ayuntamiento presentada por la asociación de propietarios de la 'urbanización Sierra Norte'. La asociación denuncia parcelación irregular, una construcción carente de toda regulación y licencia, que se autorizó cuando todavía no se contaba con un proyecto de urbanización.
Camas:El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones. El concejal del PP Antonio Enrique Fraile ha sido expulsado del partido tras ser imputado en ese soborno. En este mismo caso también han sido imputados los concejales del Partido Andalucista, José del Castillo, y el empresario Eugenio Gaviño.
Bormujos:El empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE. El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado declaración a testigos e implicados.Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (su alcalde es José Juan López, del PSOE) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez
archivó el 2 de noviembre el caso por considerar que no existían indicios que lo probaran.
La Algaba:José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.Guillena:Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.Espartinas:el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
ARAGÓN
Zaragoza
La Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado.
El sector impugnado forma parte de una inmensa urbanización con campo de golf proyectada por la inmobiliaria Wilcox. El proyecto prevé viviendas para 30.000 habitantes, con un gran centro comercial. Sin embargo, el plan no iba acompañado de dotaciones de servicios (hospitales y colegios).Fue aprobado bajo el amparo de la alcaldesa María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR).
BALEARES
Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo, el director de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, y a un funcionario celador de obras, Jaume Gibert, así como otras tres personas,
fueron detenidas entre los días 27 y 28 noviembre por corrupción urbanística. Un juez de la localidad les imputa a los tres primeros delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros.
Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP,
se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
CANARIASTelde: El 'caso Faycán' se conoció a raíz de que una empresaria de Telde denunciara, en julio de 2005, que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, que dirigía María Antonia Torres, le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Desde entonces han sido detenidas más de 25 personas, entre ellas
el alcalde y media corporación municipal, el
responsable del PP en Telde, y más tarde su sucesor en el cargo. Según algunas informaciones, el dinero de las comisiones podría haber ido a parar al PP.
Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.
La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
CANTABRIA
Arnuero: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista
Arca (Asoc. para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico. Se rumorea que podría presentarse a las próximas elecciones porque cumple su condena de inhabilitación.
Ribamontán al Monte: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico.
Lo más curioso de este caso es que los dueños de las viviendas son la mujer del presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales.
CASTILLA Y LA MANCHAAlbacete
Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para
construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.
Ciudad Real
Argamasilla de Alba: IU denunció ayer un Proyecto de Actuación Urbanística que prevé la construcción de 900 chalets de lujo y dos campos de golf que necesitarían de un abastecimiento de agua equivalente al consumo de 220 campos de fútbol.
Esta construcción aportaría al Ayuntamiento 7 millones de euros por la recalificación del suelo.
Toledo
Seseña:
Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes,
fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde que intentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor. También un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor, mientras que Hernando organizó una manifestación de 1.000 trabajadores para pedir al alcalde las licencias necesarias.
CASTILLA Y LEÓN
Ávila
La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.
Hoyos del Espino: La asociación de vecinos de Hoyo del Espino y el PSOE han acusado al alcalde de la localidad, Antonio Veneros, de construir en zonas no urbanizables, junto al Parque de Gredos y sin licencia.
Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para
talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.
Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
Burgos
Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe.
Salamanca
Salamanca: El PSOE
acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).
Valladolid
Arroyo de la Encomienda: El PSOE denuncia
un pelotazo urbanístico , que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.
Además, la Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales, en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas.
El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.
Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es
hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).
Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque
dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.
Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 k. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.
COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante
Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.
Alicante: El juez ha imputado al alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, los socialistas acusan al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Parcent:
el Tribunal Superior de la Comunidad ha paralizado las obras de 1.500 viviendas, sentencia que la alcaldesa (PP) va a recurrir. Parcent tiene 900 habitantes y los propietarios anuncian más protestas por el urbanismo municipal.
Torrevieja: El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
Valencia
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Paiporta: El PP ha interpuesto una querella criminal contra el alcalde de la localidad, Bartolomé Bas Tarazona, del PSPV, por presuntas irregularidades relacionados con la obra del Auditorio Nacional, cuyo presupuesto se ha visto triplicado respecto al aprobado inicialmente. Se le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.
Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.
-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.
-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.
GALICIA
A Coruña
Oleiros: La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza ha denunciado a Ángel García Seoane, alcalde por un partido independiente, por la presunta compra de fincas que posteriormente eran recalificadas desde su propio ayuntamiento aumentando así de valor.
El alcalde ha admitido que tiene tres casas y 13 fincas con más de 25.000 metros cuadrados, pero insiste en su inocenciadice que está limpio. Todas estas propiedades, salvo una que heredó, las tiene desde su llegada al Ayuntamiento. La investigación sigue abierta.
Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.
El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.
Pontevedra
Tui: La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.
La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.
Gondomar: La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.
Nigrán: El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez (PP), y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General
ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.
LA RIOJALardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio (del PP) es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.
Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
MADRID
Madrid: Diecisiete detenidos
en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.
Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.
Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.
Valdemoro: El ex alcalde de esta ciudad, secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados y el actual regidor de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, vendieron sus contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria de esta población madrileña. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por una vivienda que valía 200.000 y decidieron siubrogarse en el constructor David Marjaliza, según informó El País.
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP),
dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Bustarviejo: Julio De Mateo, el alcalde indepiende de esta localidad, está acusado de permitir la construcción de 400 chalés en suelo protegido.
Colmenarejo: El Tribunal Supremo ha condenado a Julio García Elvira, ex alcalde por el PP, por adjudicarse una finca municipal en subasta pública mientras ejercía el cargo.
Quijorna: La
recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.
Ciempozuelos: El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue
obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE). Un juez ordenó el día 3 de noviembre
prisión para ambos, eludible bajo fianza.
Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo
investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos.
Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.
Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.
Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones,
según El País.
Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad,
según El Mundo.
Níjar: Según denuncia ABC, el alcalde socialista de Níjar, Joaquín García, permitió a un ex concejal construir cuatro veces más de lo permitido.
MURCIA
Totana: La Guardia Civil
detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.
Además, la Guardia Civil
detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.
El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.
Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de lo Poyo.
Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.
Mazarrón: La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.
También en San Javier el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, del PP, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.
NAVARRA 
Crónica del Sureste.
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