LA UNIÓN / Peinsa cede toda la Casa del Piñón para que sea sede del Consistorio

Aumenta en 3 millones la contraprestación a cambio de que el PP retire los recursos e inicie la recalificación de 500.000 m2 en Roche
20.10.07 -
JOSÉ ALFONSO PÉREZ/La Verdad

Punto final al conflicto de la Casa del Piñón, que arrastraba dos recursos contencioso-administrativo (IU y PP) y un expediente en el Tribunal de Cuentas (PP).

La mercantil Peinsa, propietaria de la Casa del Piñón -edificio declarado Bien de Interés Cultural- y el Ayuntamiento han acordado modificar el convenio urbanístico suscrito el 31 de agosto de 2005 por el anterior equipo de gobierno socialista.

En síntesis, el convenio contemplaba la restauración y entrega de la Casa del Piñón como sede del Consistorio, salvo la planta baja, a cambio de la recalificación de casi 500.000 metros cuadrados de terreno rústico en la pedanía de Roche.

En una resolución, la Fiscalía descartó la comisión de delitos de prevaricación o trato de favor, aunque reconoció «un perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de 8,4 millones de euros».

Ahora, a cambio de que IU y PP retiren sus recursos y el Consistorio inicie la recalificación, Peinsa cede la planta baja, valorada en 2,5 millones de euros, y el mobiliario de todo el inmueble, presupuestado en 316.000 euros.

Asimismo, la mercantil renuncia a la construcción de hoteles o apartamentos turísticos en beneficio de viviendas para jóvenes o protegidas, que ocupará un 35% del total de la superficie.

El alcalde, Francisco Bernabé (PP), señaló que «es un triunfo de la ciudadanía y de sensibilidad de Peinsa, que ha dado muestras de generosidad hacia La Unión».

Según el concejal de IU, José Haro, «no se resarce la pérdida económica, pero sí se gana en un enorme capital social, como es la vivienda protegida».

En opinión de Haro, «los antiguos dirigentes socialistas deberían reflexionar si es compatible seguir como concejales tras demostrarse la negligente negociación que realizaron».

Sin embargo, el portavoz del PSOE y del anterior gobierno local, Mariano Oliver, calificó la modificación del convenio como «una trampa», puesto que el propietario «saldrá mucho más beneficiado realizando viviendas protegidas que plazas hoteleras». Además, dudó de la legalidad de esta cláusula, «puesto que las Directrices del Litoral imponen un 25% destinado a suelo para hoteles».