Tres funcionarios declaran en la investigación del fiscal sobre Novo Carthago

La Fiscalía busca presuntas irregularidades en esta urbanización para 7.000 viviendas en el Mar Menor El PSOE alertó de que varios técnicos pudieron recibir presiones del Gobierno regional para no poner trabas
M. BUITRAGO/ La Verdad

La presunta corrupción urbanística sigue abriendo nuevos frentes en los juzgados, y ahora le ha llegado el turno al proyecto de Novo Carthago, que prevé la construcción de 7.000 viviendas junto al Mar Menor, en el municipio de Cartagena.

La Fiscalía del TSJ, que investiga posibles delitos en la tramitación urbanística y en el proceso de recalificación de los terrenos, ha empezado a tomar declaraciones a varios funcionarios de la Comunidad Autónoma en calidad de testigos, confirmaron ayer fuentes del Gobierno regional y de la propia Fiscalía.

Según ha podido saber este diario, han prestado declaración dos jefes de servicio y un técnico de la Dirección General de Medio Natural. Se trata de Miguel Ángel Martínez-Aedo, encargado hasta hace dos semanas del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, y tenía a su cargo los planes de la Red Natura 2000. Éste fue apartado del cargo junto a otros dos jefes de servicio, según publicó La Verdad el pasado día 11.

Asimismo fue citada a declarar Inmaculada Ramírez, jefa de servicio de Información e Integración Ambiental. El tercero es Ramón Ballester, biólogo de Medio Natural. Este departamento se opuso a la recalificación de La Zerrichera.

Según denunció el PSOE, varios técnicos del Gobierno regional pudieron recibir presiones para no poner reparos ambientales a este proyecto, en una reunión a la que fueron convocados al parecer en el palacio de San Esteban.

Al lado de Lo Poyo

El proyecto de Lo Poyo puede poner en dificultades al Gobierno regional, puesto que circula el secreto a voces de que «algo se hizo mal» dentro de la Consejería de Medio Ambiente, después llamada de Desarrollo Sortenible, cuando se efectuó la tramitación urbanística. La Fiscalía requirió a la Consejería en dos ocasiones para que aportara toda la documentación sobre este caso. Una fue el 10 de julio del año pasado, y la otra en septiembre, cuando reclamó información adicional. A juicio del PSOE, se efectuó «una recalificación a la carta» en beneficio de la promotora Hansa Urbana.

El proyecto se presentó en público en junio del año 2002. Dos años después, el 2 de agosto del 2004, el Pleno Municipal de Cartagena aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que afectaba a 5,5 millones de metros cuadrados y que hacían posible esta gran urbanización de 7.000 viviendas y dos campos de golf. El PSOE se abstuvo, según se publicó en su día. Siete meses antes, el PSOE votó a favor en una Comisión de Urbanismo que abordó el mismo proyecto.

Los promotores se comprometían a rehabilitar el Monasterio de San Ginés de la Jara, que queda dentro del futuro enclave turístico. Novo Carthago linda con la finca de Lo Poyo, donde se proyectó otra urbanización que fue paralizada por el Gobierno regional. La diputada socialista Teresa Rosique declaró que en la tramitación de Novo Carthago «se obviaron dos informes de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura, que ponían reparos al proyecto. Se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar en suelos de interés agrícola existente en la zona». La dipuatada denunció asimismo la existencia, al parecer, de presiones desde el Gobierno regional hacia los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en una reunión que tuvo lugar en el palacio de San Esteban