SAN PEDRO DEL PINATAR/ El alcalde anuncia controles estrictos sobre la planta asfáltica

La auditoría encargada por el Ayuntamiento afirma que los niveles de contaminantes están dentro de los límites legales
ALEXIA SALAS/ La verdad

«¿Me asegura que hoy mismo puedo volver con mi hija a mi casa junto a la fábrica sin problemas?», le preguntó ayer la madre de una niña asmática al alcalde, José María García Ruiz. Una pregunta sin respuesta, de momento, ya que la auditoría ambiental que encargó el Ayuntamiento sobre las emisiones de la fábrica de láminas asfálticas, Asfaltos del Sureste, denunciada por presunta emisión de sustancias contaminantes, arroja resultados positivos para la empresa.

«A día de hoy, la fábrica cumple con la legalidad vigente pues se ha analizado el proceso de producción, y la emisión de cuerpos orgánicos volátiles está por debajo del límite legal», aseguró ayer el alcalde.

Reconoce sin embargo que «hay olor y ruido, y esto es muy molesto para los vecinos que lo sufren». Con este resultado, el alcalde no da por zanjado el problema: «Voy a encargar mediciones periódicas del aire y del suelo, donde pueden depositarse sustancias contaminantes para hacer un seguimiento, porque esto no ha sido más que el punto de partida», dijo ayer.

Como médico durante 26 años, García Ruiz responde a los afectados: «No podría asegurar que las enfermedades que padecen los vecinos son de la fábrica, ni que no lo son. Necesitamos un control de las emisiones hasta que el juez decida», afirma el alcalde.

Maneja, sin embargo, un estudio para la Comunidad Autónoma en 2004 que señala un índice de enfermedades respiratorias en San Pedro del Pinatar similar a la media regional.

Según explica el abogado que defiende a la Asociación Pinatar Mar Menor, Ginés Ruiz, «se trata de emisiones que no son continuas y deberían medir cuando se asfixian los vecinos». Asegura que los análisis del informe encargado por los vecinos arrojaba «derivados del benceno en una vivienda que superaba los niveles permitidos para los trabajadores en una fábrica».

El abogado reconoce que «los ánimos están crispados, porque hay familias con niños ingresados».