SAN JAVIER/ Del cielo al subsuelo

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Ecologistas en Acción presenta alegaciones al proyecto del ministerio de Industria por el que los municipios de San Javier y Beniel podrían albergar un almacén subterráneo de CO2
Los municipios de San Javier y Beniel se encuentran entre las localizaciones propuestas por el ministerio de Industria para albergar una planta de captura y almacenamiento de CO2. Se trata de un sistema que, según el panel de expertos sobre cambio climático de las Naciones Unidas, podría reducir hasta un 55 por ciento las emisiones de dióxido de carbono de aquí a 2100.

La noticia ha pillado por sorpresa a los dos ayuntamientos, en los que no se tenía noticia alguna sobre la posibilidad existente de que en uno de sus términos municipales se instale esta planta. De momento, el ministerio de Industria solamente ha reservado el suelo de los posibles emplazamientos de estas instalaciones para evitar su comercialización, pero el proyecto, que está previsto para 2015 y que carece de permisos, requiere de un amplio estudio de impacto ambiental.

En el caso de San Javier, el concejal de Medio Ambiente, José Luis Espinosa, recalcó que no hay conocimiento del tema y declaró sus intenciones de contactar con el Ministerio para recibir información. No obstante, quiso dejar claro que la intención es que el municipio de San Javier no se vea de ningún modo afectado. Por otra parte, fuentes de Ecologistas en Acción de la Región declararon que esta asociación ha presentado alegaciones contra la posible ubicación de la planta en San Javier o Beniel "por ser una tecnología todavía en desarrollo, que ofrece pocas garantías; por no estar claro que sea efectiva; porque la acumulación de CO2 supone un peligro de posibles escapes e hipotecaría a las nuevas generaciones, que deberían vigilar y mantener la instalación; y porque es una solución a los síntomas, pero no a la propia enfermedad: nosotros apostamos por el cambio de energía, el fomento del ahorro y la eficiencia energética", apuntaron.

La zona predeterminada en las provincias de Alicante y Murcia para la construcción e instalación de esta planta de almacenamiento abarca 108.000 hectáreas y afecta a Beniel, una parte de San Javier, una docena de municipios de la Vega Baja alicantina, parte de Elche y una zona marina, y tiene en la pedanía oriolana de La Murada el primero de sus cuatro vértices, según las coordenadas reflejadas en la resolución de la reserva del suelo publicada el pasado mes de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de un proyecto que de momento está en el aire y aún está por estudiar la idoneidad de cada una de las zonas elegidas, pero en La Murada no han tardado en saltar las alarmas entre sus vecinos, precisamente por la falta de concreción y por la incertidumbre que rodea a esta iniciativa, de la que además se enteraron por los medios de comunicación. Los vecinos de La Murada, una pedanía de 3.600 habitantes, ya se han movilizado para exigir una rotunda oposición al proyecto por parte del ayuntamiento de Orihuela -que ya se ha pronunciado en pleno-, a quien la noticia también pilló totalmente por sorpresa. Tras soportar durante años y años las consecuencias de vivir junto a un vertedero, los vecinos de esta localidad no están dispuestos a tener también que convivir con un depósito de dióxido de carbono. A falta de que el proyecto avance y de que el ministerio de Industria dictamine si la zona reservada en la provincia alicantina es apta o no, el ayuntamiento de Orihuela ha aprobado por unanimidad una moción de Los Verdes contra la resolución ministerial. El Consistorio expresa así su oposición a un proyecto "del que tampoco sabemos nada más allá del hecho de que se ha realizado una reserva de suelo que afecta al término municipal de Orihuela", afirmó el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá.

Calentamiento global, contaminación atmosférica, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, catástrofes naturales... El debate y la preocupación por las consecuencias del cambio climático están más de actualidad que nunca. Un problema medioambiental de primer orden que anuncia efectos irreversibles y devastadores si no se adoptan medidas contundentes.

Más allá de situaciones que, en un contexto general, afectan al conjunto de la sociedad (aumentar el uso de las fuentes de energía renovables, mejorar la eficiencia energética, emplear nuevos combustibles para el transporte, mejorar el aislamiento de los edificios, desarrollar nuevas tecnologías limpias...), el Gobierno central ha trasladado ahora la lucha contra el cambio climático a un total de diez municipios españoles, que se han convertido en posibles emplazamientos de almacenes subterráneos para sepultar el dióxido de carbono, uno de los principales causantes del efecto invernadero. De hecho, además de en la provincia de Alicante y en parte de la de Murcia, Industria ha reservado suelo en Llanes y Buelna (Asturias), Suances (Cantabria), Mundaka (Vizcaya), Guardo (Palencia), Ejulve (Teruel), Caspe (Zaragoza), Colmenar Viejo (Madrid) y la bahía de Huelva. Todas estas plantas están siendo estudiadas para evaluar si son aptas para albergar una planta de almacenaje de CO2.