Presunto fraude a la Seguridad Social de 1.445.000 euros en el Puerto de Cartagena

Diario Nueva Línea

La Autoridad Portuaria de Cartagena es la única de España que ha sido condenada por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores

ALEJANDRO Gª CORCOLES
Damián Reyes (2º por izda) y Rafael Beses (3º izda) junto a otros compañeros y los letrados NL

La estiba vive desde hace casi dos años un intenso contencioso con la empresa Sesticarsa, sociedad anónima cuyo capital social está participado mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Cartagena, y cuyo titular, Adrián Ángel Viudes, es su máximo representante.

Según algunos estibadores, el conflicto se remonta a hace dos años, al iniciar un proceso de negociación para intentar solventar una serie de incumplimientos que hasta el momento, y según éstos, se estaban dando en el marco laboral de la Autoridad Portuaria. Para los letrados Vidal Aragonés y Jaume García Vicente, la reacción de Viudes ante esta reivindicación fue una negativa rotunda a negociar con los representantes de los trabajadores, puesto que “ya decidiría él con quien negociaría” más tarde.

Además, los trabajadores de la estiba denunciaban irregularidades por un abaratamiento ilegal de costes y la asignación de trabajos a personas no cualificadas, con el alto riesgo de accidente que conlleva un puesto de estas características. De hecho, el Puerto de Cartagena obstenta hasta ahora al menos 21 actas de infracción grave en cuestión de prevención de riesgos. Esto es lo que ellos llaman “un intrusismo laboral en toda regla solventado por trabajadores no preparados y que no cobran convenios”, esto es, “tirar de lo que se pueda mientras no se amplíe la plantilla”. Si se compara con otros puertos del Estado, Cartagena es de los pocos en donde no ha habido el pertinente aumento de plantilla. A esto se ha de sumar la supuesta competencia desleal que Viudes ejerce, “al vender el puerto de Cartagena como uno de los más competitivos del país”.

Tras la negativa de Viudes a negociar los trabajadores de la estiba emprenden acciones legales con la mediación, incluso, de la Consejería de Trabajo. Cabe resaltar que en toda esta vorágine, planea además la sombra de las infracciones que Trabajo impuso a Sesticarsa por un presunto fraude a la Seguridad Social por valor de 1.445.000 euros, algo que resulta chocante en una empresa con una plantilla de alrededor de 40 trabajadores en nómina. Hasta el momento no existe condena firme a este hecho, ya que Sesticarsa ha recurrido todas las sentencias, quedando el proceso empantanado.

Por otra parte, los estibadores señalan la vulneración que Sesticarsa hizo en su día a una huelga emprendida por los trabajadores que se encerraron para hacer pública sus reivindicaciones. De este hecho, resultó despedido Damián Reyes, representante en Cartagena de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.

Otra irregularidad advertida al revisar las jornadas laborales radicaría en que un único trabajador estaba en dos puestos situados a tres kilómetros de distancia, algo sencillamente imposible. Lo más probable es que uno de esos puestos estuviera ocupado por un trabajador irregular. En este contexto, Vidal Aragonés critica las “dinámicas diabólicas” que Viudes ejerce al no dejar descansar a sus trabajadores por el enorme volumen de horas trabajadas. A este despido le siguieron otros dos más, por mostrar, según los abogados, el comportamiento que llevaba a cabo Viudes en ese momento.

García Vicente señala que la ley establece que la estiba sólo la pueden hacer los profesionales, por ser un sector estratégico y, sobre todo, por la peligrosidad que entraña un oficio como éste. Es por tanto, lo que muchos denominan una "exclusividad" para los estibadores. Pero se trata de algo apoyado por Mariano Navas, presidente del Ente Público Puertos del Estado, que defiende esta exclusividad o privilegio, ya que en Europa no se ha creado aún una "norma percha" que ayude a los Estados a cambiar esa situación. Según García Vicente, Adrián Ángel Viudes “se cree un iluminado”, puesto que quiere romper esa exclusividad, excusándose en romper los privilegios, aunque en realidad, y en palabras del letrado, se esconde su intención de abaratar costes aunque sea a mayor peligrosidad para los trabajadores del sector.

Los estibadores denuncian la inseguridad que se está instaurando, algo que cobra fuerza con la muerte de un estibador en 2006 y los accidentes graves acaecidos en 2007 y en los primeros meses de 2008. Todo, para conseguir mayor volumen de tráfico saltando los límites legales. Esta es lo que ellos llaman “una obsesión de Viudes por rebajar costes”, por lo que “se enfrasca en una guerra en la que no se sabe quién morirá al final”.

Otro de los puntos clave de este conflicto es la sentencia que cae sobre Sesticarsa por vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, hecho que el letrado Vidal Aragonés enfatiza, ya que en el Derecho laboral no existe condena con tal virulencia como esta.

Tras una larga lucha hubo dos acuerdos firmados entre Sesticarsa y la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, puesto que se pensó que se ampliaría, acto seguido, la plantilla. Nada más lejos de la realidad, ya que Sesticarsa dijo que contrataría a más gente en cuanto concluyera el periodo de formación de los nuevos empleados, algo que prolonga cerca de año y medio, cuando este tiempo suele rondar los seis meses.

Con todo esto, los empleados que trabajan actualmente en el puerto de Cartagena cumplen hasta un 50 por ciento más de horas de lo permitido en el máximo legal. Los abogados creen que la Administración regional tiene razones suficientes para quitar del cargo a Viudes, y sobre todo, deberían de cuestionarse porque después de dos años siguen los problemas en la Autoridad Portuaria.

Para los trabajadores de la estiba, la insistencia de Viudes de no solucionar los problemas se asienta, sobre todo, en “el carácter” del presidente del puerto de Cartagena, quien no entiende “que los estibadores hagan frente a sus ilegalidades, y sólo lo quiera ver como un ataque a su persona”.

Además, critican que los únicos beneficiados sean las empresas que operan en el muelle. La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar está segura de que “las responsabilidades recaerán en algún momento sobre Viudes”, aunque debido a su edad (cerca de 70 años) es muy poco probable que vaya a prisión, incluso si es procesado y condenado. Además, el puerto que vende Viudes como uno de los más punteros del país no es tal. Basta comparar su crecimiento en el último ejercicio con el de otras instalaciones próximas y de dimensiones similares como son los puertos de Castellón y Alicante. Mientras que el puerto de referencia de la Región de Murcia creció un 15 por ciento, en el mismo periodo el de Alicante lo hizo un 62 por ciento, y el de Castellón un 431 por ciento.