La juez fija una fianza de 150.000 euros para el empresario gallego propietario del Grupo Nuaria

Diario El Faro

La ‘Operación Tótem’ contra la presunta corrupción urbanística en Totana, sigue avanzando en su instrucción judicial hacia un desenlace tan impredecible como inquietante para los imputados en el caso.
Joaquín Carmona, detenido el lunes en Murcia; Gabriel Martínez, gerente de la empresa Huevos Maryper; José Antonio Alcántara, empleado de una gestoría en la que también trabaja María del Carmen Jordán, imputada por la juez y ex mujer del ex alcalde de Totana y diputado regional del PP, Juan Morales; Manuel Núñez Arias, abogado y propietario del Grupo Nuaria; Pablo José M.G., director de Suelo de Inmonuar, y otra persona detenida en Madrid y de la que sigue sin trascender su identidad, han sido los primeros en conocer la decisión inicial de la Justicia sobre su presunto grado de implicación en la presunta trama de corrupción, tras trece largas horas de declaraciones interrumpidas por una escasa hora para comer.

Ayer, las fuentes cercanas a la investigación revelaron que la titular del Juzgado número 1 de Totana, Asunción Navarro, fijó una fianza de 150.000 euros para el empresario gallego propietario del Grupo Nuaria, Manuel Núñez Arias, mientras que para los otros cinco detenidos, el pasado lunes, las fianzas oscilan entre los 30.000 y los 120.000 euros.

El empresario, para el que la juez decretó, en la madrugada del viernes, prisión provisional eludible bajo fianza, deberá pagar la referida cuantía monetaria si quiere evitar la cárcel, mientras que el detenido en Madrid, quedó en libertad provisional sin fianza, con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte.

De modo similar, a los otros cuatro detenidos en el inicio de la operación, se les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer ante el Juzgado semanalmente, ya que la juez decretó libertad provisional bajo fianzas, que oscilan entre los 30.000 y los 120.000 euros, según cada caso. Asimismo y según ha podido confirmar este diario con fuentes municipales, el empresario y ex concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Totana en la legislatura entre 1995 y 1999, Juan Francisco Casanova, continúa detenido y contrariamente a lo dicho en las informaciones que apuntaban a su puesta en libertad.

No ocurrió lo mismo con los dos detenidos y posteriormente liberados en el marco de esta operación, tal y como sucedió en los casos del comerciante de Puerto Lumbreras, Diego Carrión, y el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales, ya que ambos fueron liberados en la maratoniana jornada judicial del viernes.Como balance en el capítulo de las personas que permanecen detenidas por la Guardia Civil, se encuentra el alcalde de Totana, José Martínez Andreo del Partido Popular y la secretaria del Ayuntamiento, Laura Bastida, que pasarán hoy a disposición judicial y prestarán declaración ante la juez.

Las detenciones se produjeron a lo largo de toda la semana y a raíz de las investigaciones que realiza la Guardia Civil sobre un presunto intento de recalificación de 220 hectáreas de terrenos rústicos para construir unas 5.000 viviendas, proyecto que iba a efectuar la promotora gallega Nuaria. Asimismo, el inicio de las investigaciones y las intervenciones telefónicas partieron de una denuncia de Izquierda Unida a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, sobre la venta de una parcela industrial municipal de 60.000 metros cuadrados en total emplazada en el mismo corazón del Polígono del Saladar que pasó de manos de la empresa Smurfit Kappa a la división inmobiliaria de Maryper.

Según IU, la venta inicial realizada por el Ayuntamiento fue aprobada bajo la condición de que no fuera revendida a una tercera empresa, con el fin de evitar la especulación. Siguiendo las mismas fuentes, las plusvalías de la operación llegaron a alcanzar los 100 millones de euros.