Cartagena se plantea recurrir al crédito para financiar inversiones, Lorca no sabe aún si podrá hacerlo y Murcia tiene un margen de 200 millones de euros
09.09.10 - 00:55 - M. J. ALEGRE / LA VERDAD MADRID / MURCIA.
La presión presupuestaria se aligera. El Ministerio de Economía ha abierto la veda para que los ayuntamientos más saneados puedan recurrir de nuevo al crédito el próximo año. La normalización de los mercados ha reducido la carga de los intereses de la deuda estatal y del resto de los compromisos, y el Gobierno ya proyecta un impacto menor de las obligaciones de reintegro del dinero prestado. Por eso aflojó primero las estrecheces de los planes de inversión, y Fomento ha repartido un excedente de 500 millones que permitirá reactivar algunas de las obras paralizadas.
Ahora les toca a los entes territoriales, en la que es la segunda corrección que se produce en esta materia. El decreto de medidas de contención del déficit público aprobado en mayo prohibió de forma generalizada el recurso al crédito público o privado a largo plazo de los ayuntamientos españoles y sus entidades dependientes. La inmediata reacción de los dirigentes municipales -que se quejaron del estrangulamiento que iba a producir en algunas instituciones- llevó al Gobierno a dar marcha atrás y a precisar que la entrada en vigor de la medida iba a tener lugar el 1 de enero de 2011 y su vigencia se prolongaría durante todo el ejercicio. Pese a la rectificación, los líderes de las corporaciones menos endeudadas trasladaron sus quejas al Ejecutivo, por considerar que el tratamiento igualitario penalizaba a las instituciones más austeras en sus presupuestos de gasto e inversión.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, informó en el Congreso, en respuesta a las interpelaciones de los portavoces de Convergencia i Unió y Nafarroa Bai, que más de las tres cuartas partes de los 8.000 ayuntamientos españoles podrán acudir nuevamente el crédito porque el decreto en vigor se modificará en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011. Los favorecidos serán los municipios cuyo volumen total de deuda pendiente de reintegro no supere el 75% de sus ingresos corrientes.
En una primera aproximación, Barcelona, con 753 millones de deuda y 2.255 millones de ingresos, y Sevilla, con recursos que duplican los 522 millones de su endeudamiento, van a tener vía libre para contraer nuevos créditos. Tampoco tendrían dificultades Bilbao, Vigo y Oviedo. El desequilibrio más notorio es el de Madrid, que recauda más de 6.500 millones de euros anuales, pero debe 6.777 millones. Valencia, con una deuda de 835 millones, superior a los 799 millones de ingresos presupuestados, tampoco podría recurrir al crédito.
Escepticismo en la Región
En el caso de la Región de Murcia, donde la noticia se recibió con cautela, también se encuentra en buena situación el Ayuntamiento de Murcia, con una capacidad legal de endeudamiento de 200 millones de euros más, según el concejal de Hacienda, Joaqun Moya-Angeler. «Eso no quiere decir que la vayamos a utilizar, sino lo que aún se nos permite». Pese a todo, Moya-Angeler reclamó al Gobierno central que vaya «más allá» y levante «el velo» de la Ley de Financiación de Entes Locales, porque «no cumple ninguno de sus compromisos. Tampoco el de las líneas especiales del ICO para ayuntamientos. El Gobierno de Zapatero tiene cada día más confusión y menos credibilidad. Tomo la medida con recelo», apostilló el edil de Hacienda de Murcia.
El portavoz del equipo de gobierno de Cartagena, Joaquín Segado, dijo que «esta rectificación abre la puerta a la financiación de inversiones» con deuda, pero que el Ayuntamiento analizará el decreto de Economía antes de decidir si recurre a ella. El nivel de endeudamiento está en torno al 65%, y el límite fijado por el Gobierno es del 75%.
Segado criticó, en todo caso, la medida por ser «otra rectificación de un Gobierno sin rumbo» y porque «lo que necesitan los ayuntamientos es una financiación fija, porque son los que más servicios ofrecen y los que menos fondos manejan».
También se refirió a la noticia anunciada por Salgado, aunque de una manera más positiva, el edil de Lorca, Antonio Ibarra, que dijo que es una buena medida, porque todo lo que permita a los ayuntamientos poder contar con más fondos, por lo menos para hacer frente a compromisos adquridos como la cofinanciación de obras ya concedidas, es positivo. En el caso de Lorca no puedo anticipar si estaremos en el grupo de los autorizados, porque necesitamos conocer conocer con detalle los condicionantes», según Ibarra.
Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo regional, María Pedro Reverte, declaró ayer que «el Estado tiene que buscar fórmulas para sanear a todos los ayuntamientos, sin excepciones ni limitaciones», y dijo que la medida hecha pública por Elena Salgado, es «insuficiente» porque «va a dejar a muchos consistorios sin margen de maniobra económica el próximo año», por lo que insistió en que «son necesarias medidas que amparen a todos los ayuntamientos y no sólo a los que se encuentran en mejor situación financiera».
Sólo para inversiones
Disciplina presupuestaria obliga, y el dinero captado en los mercados solo podrá destinarse a inversiones y en ningún caso a gasto corriente. Agobiados por la crisis, numerosos municipios han retrasado pagos a proveedores, y aplazado la puesta al día en el abono de los recibos por determinados suministros, pero no van a poder endeudarse con este fin.
Empieza a ser frecuente el caso de las instituciones municipales que acumulan facturas de la luz, por ejemplo, y corren el riesgo de ver cortado el fluido eléctrico. Las compañías no pueden suspender el servicio a las escuelas, pero sí a las dependencias administrativas. Las dificultades de mantener al día la actividad cuando alguna de las principales fuentes de ingreso se han desplomado por el pinchazo inmobiliario fueron abordadas en el encuentro que convocó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, con la Federación Española de Municipios y Provincias. Los ayuntamientos han visto hundirse los ingresos que venía generando el auge del mercado inmobiliario y, junto a la depresión de la actividad económica, se han visto obligados a reforzar numerosos programas sociales
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