Berberena y Samper encabezan un amplio grupo de sospechosos
Investigan si una trama de funcionarios recibió pagos de promotoras a las que habría beneficiado
06.10.10 - 00:48 - RICARDO FERNÁNDEZ rfernandez@laverdad.es MURCIA.
. «Ahora están pidiendo el amparo de la Virgen. Mañana pedirán el nuestro». La frase, pronunciada a muy primera hora de la mañana de ayer por un conocido abogado penalista, resumía la sensación de frío que debió de recorrer la espina dorsal de algunos altos funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Murcia cuando conocieron que agentes de la Unidad Central Operativa -los temidos UCO- de la Guardia Civil habían tomado la Gerencia de Urbanismo. Un sentimiento de preocupación que tendría sobrada explicación si se tiene en cuenta que este tipo de operaciones contra la corrupción se sabe por dónde empiezan, pero nunca hasta dónde pueden llegar.
En esta ocasión, los especialistas de la UCO se pusieron en marcha empuñando una resolución, dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo, por la que se les autorizaba a detener al director de servicios de la Gerencia de Urbanismo y 'número 2' de ese departamento, Alberto Guerra Tschuschke; al abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia Higinio Pérez Mateos, y al ingeniero y empresario italiano Renato de Noce, presunto intermediario en operaciones urbanísticas y ya imputado en la llamada 'Operación Barraca' contra la corrupción. Todos ellos fueron arrestados hacia las ocho de la mañana, a lo que siguieron los registros de sus domicilios y de sus despachos profesionales.
Desde un primer momento, los datos apuntaron a que la investigación judicial -iniciada a raíz de una denuncia presentada en los juzgados por la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Murcia- se centraba en media docena de convenios urbanísticos, que el Ayuntamiento suscribió con grupos empresariales entre 2001 y 2006 y que permitían edificar unas 26.000 viviendas en la zona norte de Murcia.
Supuesto trato de favor
Unas actuaciones urbanísticas en las que, a juicio de los investigadores, el Consistorio habría dado trato de favor a los promotores, no sólo multiplicando por cinco el grado de edificabilidad -pasó de 0,09 m/m2 a 0,5-, sino tasando además muy a la baja el precio del metro cuadrado edificable y renunciando de esa forma a ingresar, en concepto de contraprestación, decenas de millones de euros (hasta 783 millones de euros, más de 130.000 millones de pesetas, según los informes presentados en su día por el Grupo Municipal Socialista).
Mientras una veintena de agentes registraba las dependencias de Urbanismo y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, evitaba asistir al único acto público fijado ayer en su agenda, un nuevo dato ratificaba las sospechas de que la investigación apuntaba al norte del término de Murcia y, más todavía, que estaba llamada a trascender a los tres arrestados: la Guardia Civil registraba la vivienda particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y sede a su vez de Sport Management & Proyect S.L., sociedad a través de la cual consiguió una recalificación urbanística para levantar casi 4.000 viviendas junto a Nueva Condomina.
El controvertido Samper pasaba de esta forma a confirmarse como otro de los sospechosos en esta operación anticorrupción, al igual que lo irían haciendo a lo largo de la mañana el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el ex jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver (principal imputado del 'caso Barraca') y su esposa Sandra de la Puente; el constructor Francisco Arqués López; la jefa de la Oficina de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia y esposa de Alberto Guerra, María Isabel Fernández... Una amplia 'nómina' de supuestos implicados, que deberán ir pasando por el juzgado en los próximos días, previsiblemente en calidad de imputados, para explicar su participación en estos hechos.
El propio Fernando Berberena reconoció que los agentes de la UCO le habían sondeado sobre su disposición a prestar declaración y explicó que, al responderles de manera afirmativa, se le había informado de que será llamado al juzgado. Nada que fuera a coger por sorpresa al edil de Urbanismo, cuyo despacho oficial ya fue registrado ayer de forma concienzuda y que sufrió la apertura de una caja de seguridad que tiene contratada en un banco. Los UCO hallaron 18.000 euros en metálico -según sostiene, ganados antes de su paso a la política- y una carta dirigida a su familia en previsión de que le sucediera algo grave.
Una compleja trama
Fuentes de la investigación explican que el objetivo de estas diligencias es determinar si altos funcionarios municipales, vinculados a la Gerencia de Urbanismo, tejieron una compleja trama utilizando a familiares y personas de su confianza, que les habría servido para ocultar los pagos que empresas promotoras les habrían hecho a cambio de un trato favorable. El principal perjuicio, en este caso, habría sido para las arcas públicas del Consistorio, que habrían dejado de recibir millonarias contraprestaciones por esos convenios urbanísticos.
De ahí que, tal como ayer confirmó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un comunicado oficial, las actuaciones judiciales se sigan por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (por el citado perjuicio a las arcas municipales), cohecho (por los pagos o gratificaciones a personal público), negociaciones prohibidas a funcionarios y blanqueo de capitales, entre otros.
Es el fiscal superior, Manuel López Bernal, quien se está encargando personalmente de esta causa dada su especial trascendencia. Las mismas fuentes apuntan a que fue el jefe de la Fiscalía de Murcia quien, el pasado 15 de septiembre, y a la vista del estado de las investigaciones, solicitó del juzgado la intervención de los UCO. El instructor dio luz verde al operativo.
EL GUIÓN DE LA REDADA
LOS DETENIDOS
El jefe de la Gerencia, Alberto Guerra; el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano Renato de Noce
LOS SOSPECHOSOS
El concejal Fernando Berberena, el empresario y dueño del Real Murcia Jesús Samper, el ex jefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, el constructor Francisco Arqués López, la esposa de Alberto Guerra...
LOS DELITOS
Malversación de caudales públicos, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y blanqueo de capitales, entre otros
LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS DE LA ZONA NORTE
6
grandes convenios ha suscrito el Ayuntamiento con promotoras para el norte del municipio
26.000
viviendas han sido autorizadas en los planes parciales aprobados para esa zona del término
182
millones de euros es la cantidad que pactó ingresar el Consistorio en concepto de compensación
965
millones tendrían que haber ingresado las arcas públicas por esos convenios, según el PSOE
783
millones habría dejado de cobrar el Ayuntamiento a los promotores, siempre según los socialistas
1,5
millones de metros cuadrados fue el incremento de la edificabilidad autorizado por el Consistorio
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