El 'comando Levante' de ETA tenía a dos marinos de Cartagena y a políticos murcianos en su lista

La Fiscalía pide 54 años de cárcel para Mikel Orbegozo y Sara Majarenas, que serán juzgados el próximos viernes en la Audiencia Nacional Ambos fueron detenidos hace dos años en Valencia con armas y explosivos y con «informaciones muy elaboradas» sobre algunas de sus posibles víctimas
MELCHOR SAIZ-PARDO/COLPISA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá el próximo viernes 54 años de cárcel para el último comando Levante de ETA. Este grupo terrorista fue desarticulado en Valencia el 17 de febrero de 2005, días antes de que comenzara una campaña de atentados en esa comunidad autónoma, así como en la de Murcia y probablemente en Andalucía.

Entre sus objetivos se encontraban dos marinos de Cartagena y políticos de la Región, los cuales figuraban dentro de una lista con más de un millar de nombres de varias comunidades autónomasDurante la vista oral en la sala Tercera de lo Penal, el fiscal Enrique Molina acusará a Mikel Orbegozo Etxarri y a Sara Majarenas Ibarreta de sendos delitos de integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas y de explosivos, falsificación continuada de documentos oficiales, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones a los funcionarios que les detuvieron.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público destaca que los terroristas, aunque nunca llegaron a entrar en acción, tenían en la habitación de la pensión Tartesos de Valencia en la que vivían un larguísimo listado de objetivos. Molina asegura que los etarras poseían «informaciones muy elaboradas» sobre tres víctimas inminentes: un guardia civil del municipio valenciano de Mislata, del que conocían todas sus rutinas; un coronel médico de Valencia, del que los activistas tenían hasta fotografías; y el jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Mislata.

11 posibles objetivos

Además, según el fiscal, los dos etarras guardaban datos «elaborados» sobre otros 11 posibles objetivos: dos marinos militares de Cartagena, el arsenal del Ejército, también de Cartagena, el cuartel de la Guardia Civil de esta misma localidad, la comisaría local de Mislata, un autobús militar que pasaba habitualmente por esa localidad, la comisaría de distrito de Ruzafa en Valencia, el cuartel de la Guardia Civil de Jaén, el palacio de justicia de esa misma ciudad andaluza, el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Jaén y el Gobierno Militar de la capital jienense.

Molina sostiene igualmente que Orbegozo y Majarenas tenían en su poder un listado con un millar de nombres de posibles víctimas, «en su mayoría políticos de las comunidades de Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Aragón». Este elenco, señala el fiscal, no estaba tan elaborado como los anteriores objetivos, y en él sólo aparecía el nombre, el partido político al que pertenecía y el cargo que ocupaba. Este banco de datos se completaba con 150 folios de recortes de prensa y grabaciones sobre objetivos turísticos de las localidades catalanas de Tossa de Mar, Blanes, Playa de Aro y Palamós.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que los dos terroristas tenían en su poder, además de dos pistolas, explosivos suficientes para comenzar de forma inminente una campaña de atentados. En la habitación de la pensión Tartesos, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía encontraron 25 cartuchos de dinamita Titadyn, otros 250 gramos de este explosivo, seis metros de cordón de pentrita, cuatro detonadores y una bomba-lapa lista para activar.

En el registro de aquella habitación, los agentes también se incautaron de una verdadera colección de documentación falsa con las fotografías de los dos terroristas y diferentes identidades: dni, carnés de la Guardia Civil, tarjetas de identificación militar, credenciales de periodistas, tarjetas de la seguridad social, identificaciones de estudiantes y tarjetas Visa.

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