CARTAGENA/ El PSOE censura al gobierno local por hacer del Ayuntamiento «la agencia de empleo del PP»

La Verdad

El Grupo Municipal Socialista acusó ayer al Gobierno local de usar la política de contratación de personal para «colocar en el Ayuntamiento a personas de confianza del PP con cargo al bolsillo de todos los cartageneros».

Lo hizo al trascender que el secretario del grupo municipal popular, Juan Diego Martínez, participa como candidato en unas oposiciones para cubrir dos plazas de administrativo del Instituto Municipal del Litoral mientras sigue en su cargo. Éste es un puesto de confianza política que ejerce de modo eventual por decreto de la alcaldesa, Pilar Barreiro.

El portavoz socialista, Juan Luis Martínez, considera que «no resulta un ejemplo de buenas prácticas municipales y más bien parece un claro caso de favoritismo», ya que «no se puede ser juez y parte».

«Esta forma de proceder supone un jarro de agua fría para los cientos de ciudadanos que se esfuerzan para obtener un puesto de trabajo en la administración municipal. ¿Qué pensará un padre de familia que soporta una subida de impuestos municipales, tiene dificultades para llegar a final de mes y ve cómo su hijo no puede presentarse a las oposiciones municipales porque de antemano se sabe que no tiene ninguna posibilidad? Esta forma de actuar hace mucho daño a la percepción que tienen los ciudadanos de su clase política», argumentó Martínez.

Pedirá a la Secretaría General y al departamento de Personal informes para aclarar si se incumple el régimen de incompatibilidad de los trabajadores municipales, «aunque parece claro que sí».

Para el PSOE, «en este primer año de legislatura, el PP ha entendido el Ayuntamiento como una agencia de colocación para militantes y colaboradores. Empezaron nombrando coordinadores y directores generales, siguieron con la oposición de la mujer del concejal de Juventud y ahora asistimos a la oposición, por llamarla de alguna forma, del secretario del grupo popular», citó Martínez.

Caprichos y compromisos

«Los ciudadanos no tienen por qué soportar con sus impuestos los caprichos y compromisos personales del PP. Por mucho que se ampare el gobierno en la legalidad, la ciudadanía y los jóvenes en particular no entienden cómo su propio Ayuntamiento, que debiera ser el garante de la imparcialidad y la transparencia, adjudica las plazas de esta forma».