San Pedro del Pinatar

El alcalde tacha de «catastrófica» la gestión del PP al encontrar una deuda de 15 millones.

«No ha habido ley hasta ahora en Urbanismo», afirma José María García Ruiz, que cifra en 287 las viviendas ilegales en la zona de Las Palomas
ALEXIA SALAS/SAN PEDRO/La Verdad

«Desafortunada gestión, por no decir catastrófica». Fueron las palabras que ayer empleó el alcalde pinatarense, José María García Ruiz, para calificar la actuación del anterior equipo de Gobierno, del PP, y la situación económica del Ayuntamiento. El nuevo regidor ha encontrado una deuda total acumulada de más de 15 millones de euros, de los que 6 millones se deben a los bancos -a largo plazo- y más de 9 millones a los proveedores -a corto - «más 360.000 euros en facturas pendientes de aprobar», expuso ayer García Ruiz. Destacó además que «el Ayuntamiento paga un crédito encubierto, a nombre de una empresa, de unos 800.000 euros, lo que no digo que sea ilegal, pero sí altera la realidad de la deuda». Este préstamo, que ayer también reconoció el ex alcalde, Pedro José Pérez, corresponde a la construcción de la piscina cubierta por Aqualia y asciende a más de 100.000 euros. García Ruiz denunció que «el Ayuntamiento funciona con los presupuestos prorrogados de 2006, pues el anterior equipo no aprobó los de 2007, imagino que por ser año electoral». Si a los pocos días de acceder al Gobierno local, varios concejales manifestaron que «las arcas tienen telarañas», el actual alcalde reiteró ayer «la dificultad que implica trabajar con la mayoría de las partidas presupuestarias agotadas».Como ejemplos llamativos, mencionó «una factura que ha llegado de la fiesta de fin de campaña del PP, que la hemos remitido a ellos, y unas facturas por dos actos de teatro de unos 18.000 euros, que se incrementa con otra de 60.000 euros por la coordinación».

Caos urbanístico

En materia urbanística, el regidor denunció que «no ha habido ley o no se ha cumplido». Expuso el caso de 287 viviendas que se construyeron sin licencia ni proyecto de reparcelación en la urbanización Las Palomas. «No las vio ni el inspector ni el anterior equipo de Gobierno, pero además se solucionó con una sanción ridícula que se quedó en el 1% del valor calculado, mientras que el expediente sancionador de la demolición de un porche se calificó como falta grave y se multó con 2.000 euros» explicó el alcalde. Según él, una sanción menor que la del titular del porche demolido tuvo que pagar el constructor de 27 dúplex y 16 bungalós levantados sin licencia. «Quiero que el pueblo se entere de que se han cometido actuaciones ilegales de empresas poderosas que después se legalizan a bajo coste, y no les echo la culpa a ellas.

Conocer las ilegalidades y consentirlas tiene un nombre», afirmó García Ruiz, que piensa contratar una consultoría legal y económica para comprobar si hubo delitos en la gestión anterior. «Si el fiscal así lo considera, puede actuar», precisó ayer. A pesar de la situación de quiebra económica, García Ruiz cree que «esto no nos va a maniatar en absoluto porque hay soluciones y ya las tenemos hilvanadas». Denunció además que «con este tipo de ilegalidades consentidas el grupo Popular se escandalice con los sueldos de los ediles cuando el ex alcalde tenía unos ingresos brutos anuales de 105.000 euros por su sueldo de senador y la asistencia a plenos.