La indefinición de algunas funciones en la nueva estructura de gobierno augura luchas de protagonismo15.11.09 -
FERNANDO PESCADOR CORRESPONSAL. BRUSELAS/ La Verdad
El próximo jueves, si las cosas no se tuercen y no está nada claro que no vaya a ser así, los jefes de Estado o de Gobierno de la UE van a escoger, a lo que parece entre una amplia lista de candidatos por lo que afirma la presidencia sueca, a las personas que van a ocupar dos nuevos cargos estatuidos por el Tratado de Lisboa que van a tener una gran importancia en la actividad cotidiana de la Europa comunitaria: el presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante (ministro) para la Política Exterior y de Seguridad Común. Deberán también designar al secretario general del Consejo, un puesto de menor relevancia que actualmente desempeña el Alto Representante saliente, Javier Solana.
De las necesarias reformas institucionales de la UE se viene hablando desde 1996 cuando se negociaba el Tratado de Amsterdam, luego cabría esperar que las nuevas estructuras europeas de gobierno estuvieran perfectamente definidas. No es así, y los primeros años de andadura del nuevo Tratado se presentan problemáticos y de alto riesgo para el buen funcionamiento de la cosa europea.
El 1 de diciembre, cuando el Tratado entre en aplicación, en Bruselas va a haber varias personas con mando en plaza: un presidente del Parlamento Europeo, otro del Consejo Europeo, uno más de la Comisión y un Alto Representante para la Política Exterior que será, a la vez, vicepresidente de la Comisión Europea para todos los asuntos de esa competencia salvo los fondos de Ayuda al Desarrollo y presidente del Consejo de ministros de Asuntos Exteriores.
Además, y por si la cosa no estuviera lo suficientemente complicada, el presidente del Consejo Europeo va a simultanear sus actividades con la presidencia semestral de la Unión Europea, función esta que no desaparece con el nuevo Tratado y que a partir del 1 de enero desempeñará España; con el trío de presidencias que configuran la presidencia semestral en curso y las dos siguientes; y con el presidente del Eurogrupo, el cónclave informal de ministros de Finanzas de la Eurozona donde se cuecen las decisiones económicas y monetarias verdaderamente relevantes de la UE.
Los consejos sectoriales (Competitividad, Agricultura y Pesca, Salud, etc.) los presidirán los ministros de las carteras correspondientes de la presidencia semestral.
Sobre el papel, cada uno de estos puestos tiene sus funciones pero en algunos casos no están del todo perfiladas. Es el caso, sobre todo, del nuevo presidente del Consejo, responsable de impulsar y dirigir la actividad del principal órgano de Gobierno de la UE. Su infraestructura de apoyo, sin embargo, va a ser limitada por lo que dependerá de los recursos de las sucesivas presidencias semestrales. Un germen, éste, de fricciones con el Alto Representante, que será responsable, él sí, de un amplio equipo de trabajo (el nuevo Servicio Exterior de la UE), y de todo el presupuesto para acciones exteriores de la Comisión Europea y del Consejo, excepto la ya citada Ayuda al Desarrollo. Pero también un origen probable de disputas por el protagonismo político de los éxitos, con la presidencia semestral de la UE, que, ella sí, estará ocupada por un político elegido democráticamente con responsabilidades de gobierno en un país de la UE y un prestigio que ganar o defender ante su opinión pública. Y no parece fácil que Angela Merkel, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy o José Luis Rodríguez Zapatero acepten quedar a la sombra de un cargo que, no se olvide, actuará en base a un poder delegado, porque la UE no es un Estado y el presidente del Consejo Europeo en ningún caso detentará tal responsabilidad.
De las necesarias reformas institucionales de la UE se viene hablando desde 1996 cuando se negociaba el Tratado de Amsterdam, luego cabría esperar que las nuevas estructuras europeas de gobierno estuvieran perfectamente definidas. No es así, y los primeros años de andadura del nuevo Tratado se presentan problemáticos y de alto riesgo para el buen funcionamiento de la cosa europea.
El 1 de diciembre, cuando el Tratado entre en aplicación, en Bruselas va a haber varias personas con mando en plaza: un presidente del Parlamento Europeo, otro del Consejo Europeo, uno más de la Comisión y un Alto Representante para la Política Exterior que será, a la vez, vicepresidente de la Comisión Europea para todos los asuntos de esa competencia salvo los fondos de Ayuda al Desarrollo y presidente del Consejo de ministros de Asuntos Exteriores.
Además, y por si la cosa no estuviera lo suficientemente complicada, el presidente del Consejo Europeo va a simultanear sus actividades con la presidencia semestral de la Unión Europea, función esta que no desaparece con el nuevo Tratado y que a partir del 1 de enero desempeñará España; con el trío de presidencias que configuran la presidencia semestral en curso y las dos siguientes; y con el presidente del Eurogrupo, el cónclave informal de ministros de Finanzas de la Eurozona donde se cuecen las decisiones económicas y monetarias verdaderamente relevantes de la UE.
Los consejos sectoriales (Competitividad, Agricultura y Pesca, Salud, etc.) los presidirán los ministros de las carteras correspondientes de la presidencia semestral.
Sobre el papel, cada uno de estos puestos tiene sus funciones pero en algunos casos no están del todo perfiladas. Es el caso, sobre todo, del nuevo presidente del Consejo, responsable de impulsar y dirigir la actividad del principal órgano de Gobierno de la UE. Su infraestructura de apoyo, sin embargo, va a ser limitada por lo que dependerá de los recursos de las sucesivas presidencias semestrales. Un germen, éste, de fricciones con el Alto Representante, que será responsable, él sí, de un amplio equipo de trabajo (el nuevo Servicio Exterior de la UE), y de todo el presupuesto para acciones exteriores de la Comisión Europea y del Consejo, excepto la ya citada Ayuda al Desarrollo. Pero también un origen probable de disputas por el protagonismo político de los éxitos, con la presidencia semestral de la UE, que, ella sí, estará ocupada por un político elegido democráticamente con responsabilidades de gobierno en un país de la UE y un prestigio que ganar o defender ante su opinión pública. Y no parece fácil que Angela Merkel, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy o José Luis Rodríguez Zapatero acepten quedar a la sombra de un cargo que, no se olvide, actuará en base a un poder delegado, porque la UE no es un Estado y el presidente del Consejo Europeo en ningún caso detentará tal responsabilidad.
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