El gobernador le da la puntilla a la CAM

Fernández Ordóñez elude responsabilidades: no quiso actuar antes, o no se enteraba de lo que pasaba en la caja 

02.10.11 - 02:08 -

MANUEL BUITRAGO | MURCIA./ la Verdad

El gobernador del Banco de España le ha dado el tiro de gracia a Caja Mediterráneo justo en mitad del proceso para la subasta de la entidad, de la cual dependen más de 6.000 trabajadores y que llegó a manejar fondos de 2,5 millones de clientes. Ha colocado su valor a la altura del betún. Cazadores de saldos, hagan cola. Uno se esperaba de la autoridad monetaria algo de respeto por la liturgia al uso, con un mensaje prudente y calculado para no aterrorizar más al dinero, pero está visto que en estos tiempos de derribo hasta el guardián del tesoro cae en lo pedestre con las perlas que lanzó el viernes contra la que era la cuarta mayor caja de España. Resumamos: «La CAM es lo peor de lo peor», «me parece escandaloso», no dejarse «llevar por las tripas», «cuando peor es una caja, vale menos»...

El gobernador Fernández Ordóñez -que dijo hablar «a título personal», lo cual suena surrealista- cogió la escopeta de matar elefantes descargando unas críticas nunca vistas en el panorama financiero español, sin caer en la cuenta de que esa reprobación de la CAM se vuelve contra la institución que preside. ¿Acaso no tiene responsabilidad el Banco de España en este desaguisado, con el añadido de que da casi por perdidos 2.800 millones de euros de fondos públicos inyectados en julio? ¿Dónde ha estado la labor de supervisión del gobernador y su equipo en los últimos meses? ¿Cómo se explica que Fernández Ordóñez le diera carrete a los gestores de la CAM hasta una semana antes de la intervención, diciendo que esta entidad no necesitaba más aportaciones de capital de las previstas pese a haber suspendido el test de solvencia?

Nadie duda de que los directivos y el anterior Consejo de Administración realizaron una administración deplorable que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, pero también es cierto que el gobernador no puede eludir sus responsabilidades, por error u omisión. En este caso se ha juntado una mala gestión de la caja con una discutible gestión de la crisis.

Con la tinta todavía fresca del despido de la exdirectora general María Dolores Amorós, y la consiguiente escandalera, el gobernador descargó su malestar contra las infumables prácticas de la CAM que alcanzaron el clímax con la pensión vitalicia de 369.497 euros anuales que la susodicha pudo pactar con el expresidente Modesto Crespo, por encima de lo acordado por el Consejo de Administración. No es para menos, aunque resulta difícil de creer que el Banco de España no conociera este hecho habida cuenta de que todos los movimientos de las entidades de crédito aparecen reflejados al detalle en los informes de gobierno corporativo y las comunicaciones a la CNMV.

Respecto de los balances presuntamente alterados por la exdirectora general hay que preguntarse en qué lugar quedan los propios auditores de la entidad y el control del Banco de España. Parece demasiado fácil engañar a la máxima autoridad monetaria justo cuando el sector financiero se encuentra inmerso en su reestructuración. Hay que reconocer la habilidad -la ingeniería contable- de los ex de la CAM para ofrecer unos beneficios de 39,8 millones de euros en marzo, que tres meses después se transmutan en 1.136 millones de pérdidas. Y todo delante de las narices del Banco de España.

Cambiando el paso

Abundando en el sonrojo financiero de los exdirectivos y exconsejeros, la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) informó hace una semana de los 7.000 millones de euros de dudoso cobro que fueron prestados a promotores, resultado de los 17.500 millones colocados en el sector de la construcción. El supervisor pudo haber encendido la alarma general hace cuatro años, cuando saltó el escándalo de las subprime. Algunas entidades como Cajamarca tomaron precauciones incluso antes de 2007, pero la CAM, que era una de las más vulnerables al contagio, se metió en el despeñadero obligada además por los peajes que impusieron los gobiernos del PP de Zaplana y Camps.

La supervisión y tutela del Banco de España quedó en entredicho en marzo cuando se quebró la fusión con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, que había sido alentada por Ordóñez (para darle todo el poder a su favorito Manuel Menéndez) y autorizada en diciembre por la vicepresidenta Elena Salgado. ¿Ignoraban acaso el Ministerio y el Banco de España el grave deterioro de los activos de la CAM, motivo que adujeron los exsocios para romper la alianza tres meses después? El divorcio se anunció el día antes de las respectivas asambleas que debían ratificar la fusión. Es decir, se dieron cuenta casi en la víspera de que no cuadraban los números que habían tenido a mano durante meses. Unos artistas.

La ruptura acentuó la debilidad de la CAM y propició una sangrante fuga de clientes e impositores. Con este cuadro y con los activos muy dañados, el Banco de España le dio un balón de oxígeno en abril cuando aprobó el plan de viabilidad de la caja, que posteriormente solicitó 2.800 millones del FROB para alcanzar el 10% de core capital.

A mediados de julio se produjo otro hecho relevante: Caja Mediterráneo obtuvo la peor nota en el test de solvencia bancaria europea. Su resistencia para hacer frente a escenarios adversos era muy frágil, con un 3%. Pese a ello, el Banco de España señaló en un comunicado oficial que ninguna de las entidades que habían suspendido (la CAM y otras cuatro) iban a necesitar nuevas aportaciones de capital, ya que estaban inmersas en el proceso de recapitalización a través del FROB. Esto envalentonó a los gestores de la caja, que declararon incluso que habían aprobado el test, contando con las provisiones. A la semana siguiente, después de que Bankia saliera a Bolsa, se produjo la intervención, con el añadido de 3.000 millones de liquidez inmediata. En siete días cambió por completo la posición del gobernador. ¿No supo antes lo que estaba sucediendo?

La frase «lo peor de lo peor» es la salida más inoportuna en estos momentos para ayudar a la subasta de la entidad. El sector financiero (pongamos una parte) critica que el proceso para reforzar el sistema dura demasiado y que tiene cada vez mayores dificultades para recapitalizarse a través de la Bolsa o de inversores. El 'affaire' de la CAM no ha ayudado. Los reproches se dirigen a Fernández Ordóñez y Salgado.

Un volumen de negocio de 15.000 millones de euros, varios cientos de miles de clientes y más de 1.000 empleados en la Región de Murcia representan una notable potencia financiera que hubiera merecido una mejor supervisión del Banco de España, cuyo titular quiere salir indemne. El instituto emisor podía haber evitado o amortiguado el disparate de los anteriores gestores de la CAM, algunos de los cuales podrían terminar ante la Fiscalía.