El dueño del equipo de Fórmula 1 Hispania Racing alegó "vicios ocultos" para no pagar
02.01.11 - 03:33 -
Nadie puede denunciar que le han vendido un burro cojo cuando ha tenido tiempo más que sobrado de verle los andares. No lo expresan con tales palabras, desde luego, pero tal es el sentido de la resolución dictada por los tres integrantes de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) de Madrid, por la que el empresario José Ramón Carabante de la Plaza, su hijo José Ramón Carabante Aguilera y una de las sociedades de ambos, Delfos 2002 S.L., acaban de ser condenados a pagarle nada menos que 47,5 millones de euros a otro 'tiburón' de los negocios: el no menos conocido, y durante largo tiempo amigo, Trinitario Casanova Abadía.
La condena, que puede poner en un difícil brete al grupo empresarial de los Carabante, ha sido notificada esta misma semana y pone fin a un pleito que tiene su base en el contrato que éstos firmaron, el 11 de julio de 2008, con Trinitario Casanova y por el que le compraban el Grupo Inversor Hispania. Una operación de cien millones de euros, merced a la cual José Ramón Carabante, dueño entonces del Grupo 2002, sumaba a sus ya numerosas posesiones algunos bienes tan apetecibles como un gran número de bajos comerciales situados en importantes avenidas de las principales ciudades españolas, un centro comercial en Móstoles, otro en San Javier, extensos terrenos y proyectos urbanísticos en Latinoamérica... Todo ello, además de la 'joya de la corona' del Grupo Hispania: el imponente edificio, del mismo nombre, que se levanta junto a la plaza de la Fuensanta de Murcia.
Ambos empresarios, que habían compartido amistad y vecindario en ese inmueble -Trinitario le había permitido a su colega alquilarle allí una vivienda-, se mostraban por aquellas fechas, en el verano de 2008, bastante satisfechos con el trato. Carabante, el comprador, por haber adquirido por cien millones de euros unos activos valorados en unos 767 millones (con un valor contable de unos 423 millones), y el otro, el vendedor, por tener la oportunidad de reinventarse como hombre de negocios, en una época en que el 'boom' inmobiliario ya había pegado el 'esclavejío' y después de los muchos disgustos y decepciones que se había llevado con el proyecto urbanístico de La Zerrichera, en Águilas, donde pretendía construir 4.700 viviendas, hoteles y un campo de golf, y que se fue al traste.
Denuncia «vicios ocultos»
UN IMPAGO DE MÁS DE 50 MILLONES
Los problemas, sin embargo, no tardaron en aflorar. Aunque casi la mitad del precio de compra del Grupo Inversor Hispania (40 millones) fue satisfecha en el momento de la firma del contrato, José Ramón Carabante comenzó, ya en la semana posterior, a incumplir sus compromisos de pago del resto del precio aplazado. En septiembre de 2009, Trinitario Casanova comienza a enviarle burofaxes y requerimientos notariales a su antiguo amigo, con el fin de exigirle el pago de los más de 50 millones de euros que le debía. Y ya en noviembre, el nuevo dueño del Grupo Hispania recibe la notificación de que se ha iniciado un juicio cambiario en su contra por tal motivo.
Es entonces cuando Carabante se decide a echar mano de una de las cláusulas existentes en el contrato de compraventa, que establecía que ambos empresarios, en caso de desacuerdo, aceptaban ponerse en manos de un tribunal arbitral, y presenta una solicitud de arbitraje.
En sus alegaciones, el hoy conocido propietario del equipo Hispania Racing de Fórmula 1 aseguraba que Trinitario Casanova había incumplido el contrato, que no le había informado de «pasivos ocultos, activos ficticios no inmobiliarios», reclamaciones de la Hacienda Pública y deudas con terceras personas y de supuestos actos dirigidos a descapitalizar la sociedad antes de su venta, lo que les habría causado cuantiosísimos daños. Carabante no sólo justificaba de esa forma el hecho de no haber pagado lo que debía, sino que además reclamaba que Casanova fuera condenado a abonarle más de 135,5 millones.
'Trino' exige su dinero
CERRADO DE COMÚN ACUERDO
Huelga decir que Casanova no se limitó a asentir. Al contrario, alegó ante la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) que él había cumplido estrictamente su parte del acuerdo, y pasó a reclamarle formalmente al comprador una cantidad superior a los 51 millones.
Fuentes conocedoras del pleito han informado a 'La Verdad' de que la comparecencia de los empresarios Carabante y Casanova se celebró el pasado junio ante los integrantes del tribunal arbitral José Manuel Serra Perís, Sebastián Albella Amigo y, como presidente, Jesús Trillo-Figueroa Martínez-Conde. Ha sido ahora, seis meses después, cuando se ha notificado la resolución, que otorga la razón casi en su totalidad al vendedor del Grupo Hispania, y sitúa en una posición muy comprometida a los compradores, José Ramón Carabante y su hijo, habida cuenta de que han sido condenados a pagar más de 47,5 millones de euros.
Las fuentes consultadas por este periódico, de absoluta fiabilidad, señalan que el tribunal desmonta una por una, y con meridiana contundencia, prácticamente todas las pretensiones de los Carabante. Para empezar, rechaza la afirmación de éstos de que los bienes que habían adquirido tenían, en realidad, un valor muy inferior al tasado. Así, la Corte de Arbitraje recuerda que lo que adquirieron no fueron propiedades inmuebles, sino las acciones de la sociedad que poseía tales bienes y, con ellas, «todas las responsabilidades y obligaciones incluidas en esa mercantil».
Pero, más aún, los integrantes del tribunal ponen de manifiesto que los compradores, ya un año antes de adquirir el Grupo Hispania, pidieron a la firma Jones Lang que realizara una valoración pericial de todas las propiedades de esa compañía, lo cual «arrojó un valor de 427 millones».
De igual modo, cuando ambas partes estaban en negociaciones, Casanova les presentó una relación de activos mobiliarios e inmobiliarios por importe de más de 767 millones (con un valor contable de 423 millones). Unos datos, todos ellos, que a juicio de los árbitros del conflicto demuestran que el precio de cien millones de la transacción se fijó de común acuerdo entre ambas partes, al margen del valor nominal o real de los bienes.
Y si el trato se cerró entre ambos, «no tiene fundamento que después se sostenga lo contrario y que, unilateralmente, se quiera imponer al otro la interpretación propia del contrato».
Por si no estaba claro el asunto del valor de los bienes, los árbitros señalan que ellos mismos, los Carabante, han vendido más tarde seis de los activos de la empresa a un precio muy superior al formalmente fijado, como cuando el pasado febrero traspasaron por casi 18 millones de euros un centro comercial en San Javier, cuyo valor en el balance de sumas apenas superaba los siete. Algo que demuestra que el desvalor aducido sobre los bienes no existe.
Casanova sí cumplió
«LIBRES DE VICIOS Y DEFECTOS»
La Corte reitera que Trinitario Casanova, cuyos intereses ha defendido el letrado alicantino Francisco Ruiz Marco, no sólo cumplió fielmente con su parte del trato, «entregando al comprador las acciones y participaciones (del Grupo Hispania) y todas ellas libres de vicios y defectos», sino que, siempre según las mismas fuentes, establece que antes de firmarse el contrato puso a disposición de los Carabante y de sus asesores «una muy completa información sobre la empresa», además de dar órdenes expresas a sus empleados «para que facilitaran cuanta información se les reclamara».
El tribunal arbitral reprende asimismo a los adquirentes, al señalar que en cualquier compra existe la obligación del vendedor de facilitar información veraz, pero también la del comprador de informarse hasta el límite de lo posible.
Los árbitros sólo dan la razón a los Carabante en dos o tres pretensiones de menor entidad, como la devolución de cuatro cantidades que van de los 109.000 a los 2.000 euros, por tributos locales y pagos a las cámaras de comercio, que estaban pendientes de realizarse y de los que Casanova no informó, y una bastante más importante, de 1,3 millones, por un error de contabilidad imputable al vendedor y que se constituye como «un pasivo oculto».
También les dan la razón en una extraña operación por la que Casanova se compró a sí mismo la sociedad Titánica y Fénix, a través del Grupo Hispania. Una adquisición por la que habría pagado 13 millones más de lo que valía y que, en la práctica, supuso una descapitalización del grupo. De ahí que haya de responder por ese desvalor y que los 13 millones sean descontados del dinero total que debía de haberle pagado Carabante. Una condena que, así, ha quedado fijada en 47,5 millones de euros.
TRINITARIO CASANOVA ABADÍA EMPRESARIO
Trinitario Casanova Abadía nació en Orihuela el 24 de marzo de 1965. Está casado desde hace más de veinte años con Fina Mari y tiene dos hijos, llamados Trinitario y Fuensanta. Fundó el Grupo Hispania. Su proyecto más comprometido fue tratar de construir 4.700 viviendas, hoteles y un campo de golf en la finca La Zerrichera de Águilas.
JOSÉ RAMÓN CARABANTE DE LA PLAZAEMPRESARIO
José Ramón Carabante de la Plaza nació en Málaga en 1952. Está casado y tiene un hijo, llamado también José Ramón. Preside el Grupo de Empresas 2002 y en 2008 adquirió el Grupo Hispania. Es propietario de buena parte de las acciones del CB Murcia y posee un equipo de Fórmula 1, el Hispania Racing.
Los árbitros estiman que ambas partes fijaron en 100 millones el precio de la venta de acciones, al margen del valor de las propiedades
Reprochan a Carabante que intente imponer unilateralmente su propia, y actual, versión del contrato suscrito
Sólo le dan la razón en una extraña compra que Casanova se hizo a sí mismo, a través de dos sociedades, y que supuso descapitalizar a Hispania en 13 millones
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