Diez ayuntamientos de la Región de Murcia están a punto de recibir un nuevo golpe a su ya maltrecha salud económica. Para algunos incluso puede representar la puntilla, ya que perderán una de las pocas fuentes fijas de ingresos que aún les quedan: su participación en los impuestos del Estado.
Los afectados en la Región son los municipios de Albudeite, Archena, Calasparra, Campos del Río, Cehegín, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote y San Javier. En el conjunto del España son 2.514 los ayuntamientos perjudicados.
Todos ellos han incumplido la ley reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 193 les obliga a remitir al Ministerio de Economía y Hacienda la liquidación de sus presupuestos del año anterior. En caso de no hacerlo, la pena para estos municipios la fijó el artículo 36 de la ley de Economía Sostenible, aprobada el pasado mes de marzo: el Ministerio retendrá a partir de septiembre, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado.
Si el Ministerio de Economía cumple lo que marca la ley, y hasta ahora no ha dicho que vaya a hacer lo contrario, el dinero que dejarán de percibir los municipios de la Región a partir de septiembre oscila desde los 6.600 euros al mes de Ojós a los 473.000 de San Javier.
El plazo límite que fija la ley de Haciendas Locales para presentar las cuentas al Estado es el 31 de marzo, pero el Ministerio decidió ampliarlo al 31 de julio al ser tan reciente la entrada en vigor de la ley de Economía Sostenible que establecía el castigo a los ayuntamientos incumplidores.
A principios de julio, aún había en la Región veinte ayuntamientos -casi la mitad de los 45 existentes- que seguían sin presentar sus cuentas auditadas. Sin embargo, diez de ellos consiguieron a lo largo del mes enviar al Ministerio la liquidación de las cuentas de 2010.
Algunos de los alcaldes afectados aún confían en que el Gobierno central se muestre generoso y sea comprensivo con la precaria situación que atraviesan los municipios. Miguel Buendía, de Campos del Río, achaca al relevo en el gobierno local producido tras las elecciones municipales del 22 de mayo y a las vacaciones de agosto el que aún no haya enviado las cuentas al Ministerio. «Falta un informe del interventor, que se incorpora al trabajo esta semana. De modo que lo presentaremos en septiembre. Espero que si nos retienen algo, lo liberen inmediatamente después de que presentemos las cuentas», precisa Buendía.
Esa es la idea de la norma: no pagar a los ayuntamientos incumplidores mientras no informen del estado en que quedaron sus cuentas el año anterior.
Sin embargo, para algunos ayuntamientos puede ser dramático que dejen de llegar los fondos del Estado, aunque sólo sea con un retraso de un mes o unas pocas semanas. «Puede suponer un quebranto importante», reconoce el alcalde Calasparra, Jesús Navarro.
Entre los ayuntamientos implicados está uno de los que mayores problemas económicos atraviesa, Moratalla, que ya ha tenido problemas para abonar la nómina de los funcionarios antes de este nuevo revés. Antonio García, el nuevo alcalde tras el 22-M, reconoce además que la presentación de las cuentas no será inminente, ya que «ni siquiera han pasado por el Pleno municipal».
En el caso de San Javier, su alcalde, Juan Martínez Pastor, confía en formalizar el trámite «en los próximos días», puesto que las cuentas ya están aprobadas por el Pleno y sólo «un problema informático» le ha impedido cumplir con la ley, según declaró a 'La Verdad
«Puede suponer un quebranto que el Ministerio te retenga el dinero a partir de septiembre»
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